Posición común de Castilla y León sobre la comunicación de la Comisión Europea "La PAC en el Horizonte 2020"

El Tratado de Roma consagró la Política Agrícola Común “PAC”  como uno de los pilares esenciales de la construcción del Mercado Común. Transcurridos más de cincuenta años, la PAC no ha modificado sus objetivos específicos y fundamentos formales en el Tratado, manteniendo  un importante peso específico en el Presupuesto Comunitario.

Sin embargo, últimamente se  viene cuestionado la PAC y su modelo con la búsqueda de nuevos argumentos que la legitimen, diferentes a su función principal que no es otra distinta a la producción de alimentos de calidad en cantidad suficiente para alimentar a la población y abastecer los mercados.

El contexto actual de la economía europea debe encontrar en el sector agrario y en su industria unos perfectos aliados para la recuperación económica y el empleo, sobre todo actuando en los espacios más frágiles desde el punto de vista de las oportunidades de empleo, como son los de las áreas rurales, contribuyendo, en consecuencia, de forma activa en las prioridades establecidas en la Estrategia 2020, sobre el crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

El sector agrario  en Castilla y León supone el  5 % del Valor Añadido Bruto, duplicando el valor nacional y cuadruplicando la media de la UE-27. Si además consideramos su sector asociado, el industrial alimentario, esta participación se eleva al 10 % del V.A.B. regional. A todo esto hay que unir el papel que el sector agrario realiza como gestor de la práctica totalidad del territorio de la región, contribuyendo al mantenimiento y mejora del medio ambiente.

 Como aspecto añadido, el sector agrario tiene unas fortalezas y potencialidades indiscutibles:

·        abastecer a la población de materias primas para la alimentación,

·        desarrollar su actividad en gran parte del territorio, 172,5 millones de hectáreas de superficie agraria útil en la Unión Europea, que representa el 40% del territorio, y

·        generar actividad económica en el área de transformación industrial.

También, es importante destacar los efectos que los fondos agrarios europeos tienen y tendrán en el balance financiero español. En el último ejercicio han supuesto en España  7.000 millones de euros, sólo de contribución europea, los segundos receptores detrás de Francia. En Castilla y León esta financiación también es importantísima, somos los segundos perceptores detrás de Andalucía. En el año 2010 se alcanzó el importe más alto, 1.146 millones de euros.

 Esta disposición financiera tiene su origen indudablemente en la necesidad del sector agrario de tener unos fondos que, al menos, sigan compensando por una parte la reducción de los precios institucionales, establecida en la primera gran reforma de la PAC y, por otra, el sobrecoste que supone a los agricultores y ganaderos producir, cumpliendo unas condiciones europeas tan exigentes en distintas materias como seguridad alimentaria, medio ambiente, laboral, bienestar de los animales, etc.

Por otra parte, la PAC debe contemplar orientaciones que tengan como objetivo preferente conseguir un nivel de renta digno para garantizar a los hombres y mujeres que viven de su trabajo directo y personal en su explotación, como agricultores y ganaderos profesionales, y activos en las explotaciones familiares agrarias.

Conscientes de la importancia de las decisiones que se adopten sobre la nueva PAC, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de acuerdo a los análisis del Grupo de Trabajo Interno de la Consejería de Agricultura y Ganadería, creado por Orden de 1 de diciembre de 2010, y de los realizados por las Organizaciones profesionales Agrarias - ASAJA Castilla y León, Unión de Campesinos de Castilla y León, UPA Castilla y León y COAG Castilla y León – y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León, se acuerda determinar los aspectos que se consideran claves como documento de posición común en relación a la Comunicación de la Comisión sobre la reforma de la PAC en el Horizonte 2020. Estos aspectos claves son los siguientes:

POSICIÓN  COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN

1.- La finalidad de la PAC y su financiación.

En el proceso de negociación europea de la nueva PAC, debe ser una prioridad de Estado mantener una posición decidida y de liderazgo en las instituciones de la Unión Europea, para conseguir un Política Agraria Comunitaria reforzada en el nuevo marco financiero plurianual 2014-2020 e incidiendo en la necesidad de su mantenimiento posterior. Para ello resulta aconsejable el apoyo y la colaboración de las distintas administraciones y de los representantes de los distintos sectores productivos afectados.

En nuestra concepción, este sector no solo hay que potenciarlo, es necesario blindarlo en Europa. Es la base de la alimentación, tiene que suministrar alimentos a 500 millones de ciudadanos europeos, por lo menos a un nivel que no provoque una dependencia externa, que haga desestabilizar los mercados y los precios al consumidor. Para la consecución de dicho objetivo, se aboga por el establecimiento de una discriminación positiva a favor de los agricultores y ganaderos que realmente realizan una actividad agraria productiva.

Es preciso que en cada Estado miembro, de forma individual se oriente la producción a un abastecimiento suficiente del mercado interno, así como una salida de la producción nacional al mercado a unos precios que permitan a los agricultores y ganaderos mantener una renta suficiente, teniendo en cuenta la especificidad de los costes de producción.

Es necesario por lo menos mantener la financiación que se destine a la nueva PAC y conseguir que el mayor peso de la financiación que se obtenga se dirija al sector  agrario y alimentario.

2.- Estructura de la PAC y sus objetivos.

Se considera adecuada una PAC estructurada en dos pilares como el modelo actual, con una prioridad clara por el primer pilar financiado al 100 % con fondos comunitarios, sin riesgo de renacionalización, y en la que se respete la asignación global o porcentual actual para el conjunto de medidas ya que la misma responde al peso y las características intrínsecas del sector agrario de Castilla y León.

Se comparte la idea de que para lograr los objetivos que se plantean en la Comunicación, es necesario mantener sus tres instrumentos básicos, como son las ayudas directas, la gestión de los mercados y el desarrollo rural, favoreciendo las sinergias entre los tres.

Se considera que tiene un coste  mantener un sistema que nos abastezca de alimentos y además en condiciones de calidad y seguridad alimentaria, que en valor absoluto puede parecer elevado pero que desde un punto de vista de contribución social, con una política única  y común, no lo es tanto. De hecho el coste actual sólo supone 30 céntimos de euro por habitante y día en la Unión Europea.

La nueva PAC debe dirigir sus esfuerzos a  conseguir que la actividad agraria sea una actividad rentable por si misma, de forma que los agricultores y los ganaderos mantengan e inviertan en esta actividad, animando así a la renovación generacional al ser un sector de futuro.  

Para ello,  se defiende efectuar un cambio de la Política Agrícola Comunitaria hacia una agricultura productiva y sostenible, de mejora de la eficiencia y rentabilidad de las explotaciones, dirigiendo su orientación hacia la calidad y el autoabastecimiento en sus necesidades básicas.

Es preciso además dotar a la nueva PAC de un marco estable y duradero, que permita al sector una mejor toma de decisiones en planificación de sus explotaciones a más largo plazo.

3.- Las ayudas directas.

La orientación hacia el mercado es necesaria, pero en una situación en la que las ayudas directas al sector agrario suponen más del 25% de las rentas, se considera que como mínimo este ingreso es el coste de producir con un modelo agrícola europeo de calidad y seguridad alimentaria, teniendo en cuenta además que en muchos casos no recibe una reciprocidad equivalente en los intercambios comerciales.

Es necesario que la PAC  y en especial los sistemas de ayudas directas, cumplan con uno de los objetivos de esta política incluido en el Tratado fundacional, que no es otro distinto al de  garantizar un nivel de vida adecuado a los agricultores y ganaderos y conseguir que la actividad sea rentable y atractiva.

Se aboga por disponer de un sistema de ayudas que tenga elementos diferenciadores para los agricultores y ganaderos profesionales que trabajen directamente y vivan fundamentalmente de esta actividad y se dirija a los agricultores y ganaderos de los sectores que han recibido apoyos de la PAC actual, garantizándoles  un nivel digno de sus rentas.

El recorte de la modulación de las ayudas PAC, que es un severo lastre para la mejora de la competitividad, la rentabilidad y el carácter productivista de las explotaciones más profesionalizadas, debe eliminarse de la nueva PAC, al perjudicar especialmente a los agricultores y ganaderos profesionales, así como a las explotaciones de tipo asociativo.

Entendemos que si bien la agricultura en Europa, se identifica con un modelo de explotación, la familiar de pequeña y mediana dimensión, sin embargo mantiene grandes diferencias: la producción continental y la mediterránea, y dentro de ellas la producción de secano y la de regadío.

 Por ello, se propone un  sistema general que sería mantener la producción de todos los sectores, con la ayuda base a la renta, que se ligara a su vez con un sistema vinculado a la actividad productiva complementando con elementos  o pagos diferenciadores a determinadas producciones,  definidos por diferencia de costes de producción, como por ejemplo el regadío o  por tener ganadería. A los efectos de calcular las ayudas y su destino, los agricultores y ganaderos que ejercen la actividad agraria como principal deberán tener una diferenciación positiva en el colectivo de productores.

Estas ayudas deben ser equilibradas y equitativas valorando, en su caso, el empleo en la explotación.

 Es preciso por tanto aplicar flexibilidad para que los Estados miembros puedan adaptar el componente de la renta básica a las condiciones específicas en las que se desarrolla la actividad productiva.

Se considera que en el caso de incorporarse un “componente verde” a las ayudas, éste  no debe llevar consigo mayores requisitos a las explotaciones que les resten competitividad y capacidad productora originada por una disminución de la producción o por un aumento de los costes de explotación.

En todo caso, es necesario evitar duplicidades con los compromisos agroambientales del segundo pilar, en donde se ha alcanzado un alto nivel de especialización que podría aprovecharse para el “componente verde”, ya que estas medidas del segundo pilar deben potenciarse.

 Se pide que la modificación del actual sistema de ayudas no  produzca cambios bruscos para evitar inestabilidad, particularmente en sectores o explotaciones especialmente sensibles. Por ello, se insiste en la necesidad de realizar análisis  de impacto previos a la adopción de nuevos sistemas, estimando  necesario establecer un periodo transitorio amplio para introducir el nuevo modelo.

Se apoya la simplificación de las normas de condicionalidad,  ofreciendo a los agricultores y a las administraciones un conjunto de normas más sencillo y completo sin desvirtuar el concepto de condicionalidad mismo.

Es necesario mantener y reforzar las aplicaciones facultativas del artículo 68 para poder desarrollar políticas agrarias que permitan apoyar con ayudas acopladas aquellos sectores en crisis y en zonas con dificultades productivas.

4.- Los instrumentos de mercado y la cadena alimentaría.

Se aboga por que los instrumentos  de mercado y otras actuaciones, hasta ahora olvidadas, adquieran el máximo protagonismo en la nueva reforma, permitiendo compensar los desequilibrios en el poder de negociación en los distintos eslabones de la cadena alimentaria, especialmente en el primer eslabón, el sector primario.

Se considera necesario recuperar y rediseñar mecanismos de gestión de mercados que contribuyan a paliar las cada vez más repetidas situaciones de incertidumbre e inestabilidad de éstos.

Se mantiene una posición favorable al reforzamiento de los sistemas de intervención pública, incluso con participación de operadores privados del sector, que permitan, con sistemas flexibles para poder actuar con rapidez,  concentrar la oferta, retirando productos en épocas de bajos precios e incorporándolos al mercado en épocas de altos precios. Estos mecanismos de intervención del mercado deberían establecer una relación de precios mínimos de intervención que aseguren salvar gastos al agricultor y ganadero, frente a la volatilidad de los precios de las materias primas.

Se apuesta en los nuevos sistemas por las cooperativas para aprovechar sus estructuras. La concentración de éstas permitirá mejorar la posición del sector agrario.  

Es necesario impulsar la regulación contractual y los sistemas interprofesionales que mejoren las relaciones producción-transformación-distribución, el establecimiento de referencia de precios básicos contemplando los costes de producción y otros factores así como dotar de mayor transparencia al funcionamiento de la cadena de valor.

La cadena alimentaria debe garantizar una clara trazabilidad desde el origen hasta el consumo final, dotándose de instrumentos que faciliten la comprobación de este objetivo.

La estructura empresarial cooperativa es determinante para mejorar la posición del sector productor en la cadena de formación de precios, en la generación de valor añadido mediante la transformación y distribución, en la consecución de los contratos entre operadores y en la posibilidad de ofrecer sus infraestructuras como mecanismo de intervención y regulación de mercado. Por ello se hace necesario reforzar la actual estructura empresarial cooperativa.

Se insiste en la necesidad de modificar la  normativa comunitaria sobre la competencia de forma que se contemplen las especificidades del sector agrario-agroindustrial, permitiendo la concentración de la oferta y la negociación de los precios.

Es necesario que en los acuerdos comerciales internacionales se contemple el concepto de reciprocidad, es decir establecer el mismo nivel de exigencia sanitaria, medioambiental o social  a los productos importados que a las producciones europeas.

La Política Agraria debe reinstaurar mecanismos de intervención que eviten la fluctuación de los mercados agrarios y garanticen unos precios a los agricultores y ganaderos que superen sus costes de producción.

La mayor parte de la renta de los agricultores y ganaderos debe provenir de la venta de sus productos en el mercado, en consecuencia los instrumentos de mercado deben garantizar este objetivo.

Se considera necesario avanzar en nuevos instrumentos de gestión de riesgos, contemplando las situaciones de volatilidad de los mercados, tomando como referencia la experiencia que España tiene en los sistemas de seguros agrarios y ganaderos para riesgos climáticos o de enfermedades de los animales. En ningún caso estos seguros deben emplearse como medidas sustitutivas de pagos directos o de medidas de gestión de mercados.

En lo referente al sector del azúcar, la reforma de la PAC debe dar una orientación que garantice la producción europea de azúcar, especialmente en los Estados deficitarios, con unos ingresos para los remolacheros que permitan rentabilidad, con el fin de mantener e incluso incrementar el cultivo, manteniendo también las fábricas existentes. Se rechaza la eliminación del sistema de cuotas en un futuro.

Se considera necesario replantear la eliminación del sistema de cuotas lácteas a partir del 1 de abril de 2015, para evitar el fin de las explotaciones con dimensiones más reducidas y la concentración de la producción en un número reducido de explotaciones ganaderas.

5.- La política de desarrollo rural.

Se señala que la política estructural agraria y agroindustrial debe seguir teniendo un peso destacado en las políticas de desarrollo rural, como instrumento necesario para conseguir una mayor productividad, competitividad y rentabilidad de las explotaciones y de la agroindustria.

Se considera que los mayores esfuerzos se dirijan a facilitar inversiones en materia agraria y alimentaria, de modernización e incorporación, fomentando la formación y la innovación, y las actuaciones para reforzar y ampliar las medidas agroambientales y a la mejora de las áreas rurales.

Se rechaza la idea de que las carencias del medio rural se deban solucionar por el sector agrario. El desarrollo rural debe disponer de recursos propios y suficientes para conseguir sus objetivos de equilibrio territorial y cohesión social. No es justo que se transmita a la sociedad que el sector agrario ceda recursos al medio rural, para el denominado desarrollo rural.

Se mantiene la  opinión de que el desarrollo rural debería tener unos recursos horizontales de todas las políticas europeas y nacionales y centrar la financiación agraria en el propio sector, para mejorar su productividad, su competitividad y su situación estructural.

Se considera de vital importancia la necesidad  de potenciar las medidas orientadas a la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria, que permitan a este activo liderar  la innovación, los nuevos mecanismos de concentración de oferta y regulación de los mercados, así como la incorporación de mayor valor añadido a sus producciones.

Se considera también, que  además de dar un protagonismo mayor a los jóvenes, es necesario reconocer el papel de las mujeres, como elemento clave de la modernización del medio rural y activos imprescindibles para el desarrollo de estas zonas. Es preciso buscar además nuevas fórmulas para el incentivo de estas incorporaciones.

Igualmente es necesario propiciar el impulso de las cooperativas agrarias, como entidades vinculadas indisolublemente al territorio, del que no se desvinculan y al que contribuyen en su desarrollo no sólo mediante su actividad empresarial, generando riqueza y empleo, sino ofreciendo formación, innovación, alternativas económicas e incluso dotaciones de carácter social.

6.- La aplicación de la PAC.

Finalmente, se comparte la necesidad de que la instrumentación de la nueva reforma persiga  una simplificación real de la aplicación de la PAC, tanto para los agricultores y ganaderos como para los Estados miembros, y a su vez  se consiga que sea más fácil de entender por todos los ciudadanos.